“No se ha considerado, entre otros factores, la ausencia de medidas de mitigación, compensación o reparación por la pérdida del valor turístico y los impactos sobre la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt”
Diputado Patricio Vallespín, 25 agosto 2010.
Está interesante lo sucedido en Punta Choros y la fallida instalación de la termoeléctrica. De partida es un hito en las controversias ambientales/energéticas. Yo, al menos, no tengo recuerdo de una movilización pública de esta magnitud por un tema ambiental desde lo del atolón de Mururoa. Ni Ralco ni los cisnes valdivianos ni las focas canadienses ni, siquiera, Hidroaysen lograron tal efervescencia.
Pero creo que lo más interesante está en cómo esta controversia produjo nuevas interfaces entre la economía y la naturaleza. O mejor dicho, cómo produjo nuevos procesos de economización. Y de des-economización también. O, digamos, de repolitización de la naturaleza.
Lo que detonó el ‘affaire Barrancones’ fue, a diferencia de lo que muchos ecologistas puedan creer, una expansión del mercado, no su retroceso (si excluimos, claro está, el ‘gesto’ tan anti-mercado de SP parando el proceso a punta de telefonazos). De pronto una serie de entidades, espacios y situaciones que nos estaban normadas por el mercado pasaron a ser criaturas de éste. Por ejemplo, hoy hay 11 proyectos de termoeléctricas a carbón (por una inversión total de US$15.350 millones) que de no mediar intervención correrán la misma suerte que el proyecto de Suez Energy. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio de Medio Ambiente junto a Bienes Nacionales? Ensambló un mapa que indica las áreas protegidas que quedarán al resguardo de proyectos termoeléctricos. ¿Y a qué se le llama ‘área protegida’? Básicamente a monumentos, parques y/o reservas nacionales cercanos a la costa. Podría decirse, entonces, que gracias a los pingüinos de Punta de Choros una serie de elementos que hasta ahora no poseía valor en los procesos de calculabilidad de las empresas –iglesias coloniales, albatros autóctonos, coníferas nacionales- se convirtieron en factores que afectarán la línea de producción completa de éstas.
Esto nos lleva a otro punto central: cuando los factores involucrados en la operación de una planta van desde la salud de los cardúmenes de pejerreyes hasta la identidad local, ¿cómo se definen y compensan las externalidades? El debate no es nuevo en la economía. Hay distintas alternativas de compensación (fórmulas institucionales como los contratos vs impuestos/subsidios) y varias maneras de medir las externalidades (willingness-to-pay vs shadow pricing) pero el caso Barrancones muestra que el debate está lejos de cerrarse. Por una parte está el problema de la inconmensurabilidad: ¿hasta dónde podría llegar la lluvia ácida producida por la planta? ¿Y el MP-10 soplado por el viento? ¿Afectaría la emergente industria vitivinícola de la IV Región? Si como dice el diputado Vallespín hay que compensar la pérdida turística, ¿a qué escala hay que hacerlo? ¿Comunal, provincial, regional? Por el otro lado está el problema (para las empresas) cuando el ‘externo’ afectado en la transacción no es un humano, sino un delfín, pingüino, albatros o lobo de mar. El problema es, de partida, quién habla por la gaviota Garuma o el guanaco (¿un residente local? ¿un científico? ¿Qué científico?). Y después, evidentemente, la pregunta es cuáles son los derechos de esta gaviota. Porque los tiene, ¿o no?
Pero aquí viene la reversibilidad, el desborde. Cuando se implantó el famoso DFL 1 en 1981 (la ley que crea el mercado eléctrico) jamás se pensó que junto a los mapas hidrográficos de cuencas y a los modelos de demanda, el mercado que se estaba construyendo (un mercado que operaría, por fin, ‘libre’ de factores extra-económicos) también exigiría mapas del valor simbólico del territorio o de la presencia de fauna extraordinaria; también exigiría reconocerle ciudadanía a los chungungos y pensar en los efectos turísticos a 200 km de distancia. Gabrielle Hecht (y también Çaliskan y Callon) dice que la economización es una forma de politización: una forma de imponer unos modos de calculabilidad y valoración (del valor [value] por sobre los valores [value] diría Stark). Y el ingreso al mercado de delfines, tortugas, áreas patrimoniales, mareas y vientos se puede leer como un modo de expansión de esta lógica. Pero también, porqué no, se puede interpretar como una suerte de venganza, como un rebalse político: todas aquellas entidades que el cálculo económico dejó (políticamente) afuera para construir su mundo de calculabilidad, vouchers y normativas, se levantan, golpean la mesa y contraatacan gritando ‘quisieron marginarnos, armar sus dispositivos económicos/políticos haciéndonos a un lado, pero acá estamos para exigir nuestra ciudadanía’.
Estudios de la Economía 
Comments
Interesante Manuel!! Tengo una duda: hasta qué punto puede decirse que este es un caso de “expansión del mercado” si en definitiva lo que se hizo fue una acción que declara no transable ciertas zonas protegidas. Y, como sabemos, si un bien no puede ser transado no está en el mercado. Por eso, más bien parece que se las saca del mercado y su valor simbólico funciona como una limitante de aquél. Distinto sería el caso si dicho valor simbólico fuese entregado a un individuo X con derecho a transferirlo (a la Coase) o a varios individuos con cuotas sobre el bien (como en las pesquerías). En ese último escenario, me parecería más adecuado hablar de la expansión del mercado debido a que se habría generado la posibilidad de transar y la emergencia de un sistema de precios allí donde antes no había ni lo uno ni lo otro.
Muy interesante, aunque de acuerdo con Jorge. Pareciera que en este caso a la externalidad no se le puso precio, estableciendo una barrera simbólica a un determinado tipo de transacción. En este sentido parece ser lo contrario a lo que pasa cuando luego de un desastre se debe valorar el costo de la compensanción, donde, paradojalmente, lo priceless se hace muy caro (ver por ejemplo esto de Fourcade: http://sociology.berkeley.edu/profiles/fourcade/pdf/Price%20and%20Prejudice%20Final%20May%202010.pdf). No obstante lo anterior, no sería extraño que de todas formas, uno de los efectos del caso Barrancones es que aumente la investigación económica orientada a valorar el costo de no hacer este tipo de represas. De hecho, el mismisimo Buchi escribió algo en el diario discutiendo que debería pesarse el costo (en términos de pobreza que no se reduce) con el ambiente que se protege. Se que es una forma de retórica pero con posibles consecuencias en como se comparan políticas.
Buen punto el de Jórge.
Tal vez a lo que me refiero no es tanto a expansión del mercado, al menos a mercado entendido como transacción de bienes/servicios, sino al proceso de crear entidades con valor económico (el valor económico sólo se hace en el mercado? Es una buena pregunta que viene desde Polanyi…). El, digamos, chungungo queda fuera del mercado (no se transa), pero se vuelve una entidad llena de valor económico para la firma, bajo la forma de criterios de localización y de costos de todo tipo (productivos, de compensación, comunicacionales, de transacción y, obviamente, de operación [no me extrañaría que fruto de todo esto los departamentos de RSE, PR, vinculos comunitarios y demás empezaran a crecer sistemáticamente]).
“Si un bien no puede ser transado no está en el mercado”, de acuerdo, pero el mercado no contiene solo bienes. La entrada de nuevos actores puede implicar una forma de extensión del mercado.
“Más bien parece que se las saca del mercado y su valor simbólico funciona como una limitante de aquél.” No es esto un caso típico de regulación? La regulación y sus instancias no son parte del análisis que se hace de un mercado?
Los pingüinos se institucionalizan, aunque esto sea en una institucionalidad paralela, informal, en un proceso que se podría de hecho describir con un análisis de redes pertinente. El valor difuso que tenían los pingüinos se codificó un poco más gracias a la mano visible pero inmaterial de las llamadas telefónicas de SP. Si esto no es construir, orientar, influir, diseñar mercado, habrá que inventar otro nombre.
Lo interesante en este caso, me parece, son las motivaciones y las fuentes de legitimidad que llevaron a la autoridad política (cuyo rol es velar por la regulación de este mercado) a influir de esta manera y, sobre todo, qué capital, qué posición social, que redes permiten a la autoridad política hoy en día en Chile construir una regulación adhoc, paralela, privada. La verdadera pregunta es ¿cómo esto es posible?
saludos!
Alvaro, como bien dices, se trata de un caso de regulación de lo que existía antes. No se creó un nuevo mercado, se impusieron más restricciones en uno que ya existía. Dichas restricciones obligan la consideración de variables a las que antes dicho mercado era insensible, pero el nuevo contenido “difuso”, sigue estando difuso tras la regulación (pingüinos, reservas naturales, etcétera) porque no se somete a regla alguna que lo haga transable. Es decir, su valor sigue quedando fuera del cálculo económico de la rentabilidad de un proyecto. Distinto sería el caso que se intente darle un valor transable, se asignen derechos y se permita/legalice el que sea enagenable. En esa otro escenario, efectivamente estaríamos hablando de una expansión de un mercado (o para ser aún más precisos, la generación de un mercado nuevo).
Se presta a equívocos decir que un mercado se expande cuando se regula porque no toda regulación aumenta el tamaño de un mercado. En este caso, se reducen los espacios (o bienes, o servicios…) en donde este puede hacerse. Todo mi punto era ese.
Ahora bien, si eso es bueno o malo, no lo sé. Sólo hago la observación.
Jorge, me parece interesante lo que dices, no tanto con respecto a la expansión del mercado, que me parece más un problema de enfoque o de definición (el mercado son solo los bienes y el encuentro de la oferta y la demanda, o bien se incluyen los agentes, las estrategias de observación entre productores, las instancias de regulación, etc.), sino mas bien con respecto a las nociones de “mercado difuso” y a la idea de que con bienes transables aumenta la visibilidad en términos de regulación. Es interesante quizá notar que en ambos caso se trata de regulaciones (que se ejercen sobre bienes públicos) pero que reposan sobre la actuación de privados. La intervención de SP en este asunto instauró una regulación difusa como tu bien dices, que reposa en la injerencia de actores privados: se puede esperar que la próxima vez que gdf-suez se lance en este tipo de proyectos se preocuparán de llamar a SB o a alguno de sus amigos para asegurarse de que no están perdiendo tiempo y plata. En el caso de la forma de regulación que consiste en ponerle un precio a un bien público (mas todo lo necesario para que un mercado se instaure), si bien las reglas del juego aparecen como más transparentes, la gestión del bien público queda igualmente en las manos de los privados, o del “mercado”, y no en manos de las instituciones públicas que fueron, en principio, construidas por representantes políticos de la ciudadanía. En ambos casos, pienso, lo que está en juego es la privatización de un bien público. Saludos!
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