Estudios de la Economía

Durante el mes de abril, uno de los temas que ocupó la agenda pública en Chile fue la destitución del Ministro de Educación Harald Beyer por parte del poder legislativo, hecho que se concretó el día 17 de abril de este año. Alrededor de este proceso fluyó de un modo más subterráneo una muy interesante discusión acerca de la calidad de académico e intelectual del mencionado Ministro. Por una parte el oficialismo, así como otros actores, a través de diversas alocuciones o cartas publicadas en medios de comunicación, declararon su abierto apoyo describiéndolo como un académico de larga trayectoria, un ‘intelectual latinoamericano’ (como la carta “Intelectuales de américa latina apoyan a harald beyer”). Sin embargo, por otra parte otros actores cuestionaron su identidad intelectual y/o académica,  aludiendo a que su currículum no cumpliría las exigencias propias que se imponen al actual trabajo académico, dando cuenta del mismo personaje como un mero operador proveniente de un Think Tank ligado a poderosos grupos empresariales. El interés de este debate para el presente post tiene que ver con cómo, a través de éste, se desenvuelve un dilema en torno a la naturaleza del trabajo académico y su relación con el desarrollo de políticas públicas.  Particularmente me interesa contribuir y estimular una conversación en torno a cómo nosotros, como actores de esto que denominamos trabajo académico, estamos participando de una suerte de fragmentación de nuestro propio trabajo académico ligado al espacio universitario, en el contexto de la emergencia cada vez más evidente de un nuevo actor, desplegado como actor ‘intelectual’, que ha tomado una creciente relevancia en los en la construcción de una política pública supuestamente inspiradas en argumentos técnicos y evidencia empírica. Este nuevo actor ha sido señalado por algunos autores (ver, por ejemplo Kingdom, 1995; y Mintrom y Norman, 2009)  como un emprendedor político (Policy Entrepreneurs).

El término emprendedor político ha sido utilizado para señalar un tipo particular de emprendededor,  que utiliza sus recursos con el fin de generar transformaciones relevantes en el ámbito político en función de sus intereses. Según Kingdom, su acción se orientaría a tomar ‘ventaja de ventanas de oportunidades’, para promover cambios políticos. Para ello, según Mintrom y Norman (2009), se requiere una agudeza en la lectura del contexto, y esto sería posible en tanto participante de una red de conexiones, lo que le permite no sólo avizorar oportunidades, sino que movilizar actores. En efecto el emprendedor político logra captar las ideas e intereses de actores heterógeneos, modulándolos y traduciéndolos en un nuevo mapa, que justifica ciertas movilizaciones de los actores.

No es mi interés inscribir este escrito en lo que son las tradicionales lecturas de los esfuerzos emprendedores, explicándolos a partir de las características individuales del sujeto emprendedor. Más bien me interesa utilizar este término, para comprender ciertas formas de movilización que hoy están interpelando a las políticas públicas contemporáneas.  Un elemento que ha llamado la atención refiere al creciente uso de una razón ‘tecnocientífica’ para moldear los intereses de los actores haciéndolos inscribibles en un lenguaje experto, en el cual estos son intereses son modulados y reconectados con otros intereses, justificando con ello formas de acción (ver, por ejemplo Medvetz, 2012). En este contexto toman relevancia nuevos actores intelectuales: los expertos, lo que se puede evidenciar en las múltiples comisiones de expertos conformadas durante la última década para analizar temas tan heterógeneos como Educación, Sistemas de Seguridad Social, y otras tantas políticas públicas. Éstas suelen ser descritas como conformadas por expertos y académicos, sin embargo su experticia y calidad académica no siempre refiere a lo que, al menos las políticas nacionales de educación superior valoran y financian como indicadores de calidad académica (publicaciones indexadas y proyectos Fondecyt y otros Conicyt).  Tomemos el llamado ‘Panel de Expertos’ nombrado por el Ministro Joaquín Lavín, entregó el Informe “Propuestas para Fortalecer la Profesión Docente en el Sistema Escolar Chileno”, presidido por el propio Beyer.

En la portada, junto con el título, aparecen los nombres de los ‘expertos’. Con la ayuda de un buscador, uno puede conocer un poco más la trayectoria que avalaría su ‘experticia’. A primera vista, llama la atención que entre éstos, no se encuentra ningún investigador en Trabajo Docente, ni tampoco ningún representante de los mismos profesores, precisamente, los trabajadores apelados por la política. En cambio, sí nos encontramos con otros agentes, los que han sido considerados por gozar, según las autoridades, de una posición privilegiada para poder designar qué es lo mejor para el devenir de la profesión docente. Entre éstos tenemos una directora de un Liceo público, dueños de colegios particulares subvencionados, dos alcaldes, un médico rector de una universidad tradicional, economistas varios, todos ellos con prestigiosos postgrados en economía preferentemente en Estados Unidos, y sólo dos investigadores en Educación, José Joaquín Brunner, cuyo ámbito ha sido más bien el de calidad, y Andrea Krebs, sin una trayectoria reconocida en el campo de la investigación y con un reciente posgrado en la Universidad del Desarrollo. En general no se aprecian investigador con proyectos Fondecyt en la temática, y sí con informes técnicos realizados normalmente desde los llamados Think Tank.

Si bien parece relevante la presencia de directivos y  sostenedores públicos y privados, ya que son actores fundamentales en el diseño actual de la política pública en educación, otros han quedado ausentes: asociaciones de apoderados, representantes de estudiantes  y, sobre todo, profesores. Es decir, se ha invitado a algunos agentes del sistema, sin considerar a aquellos más directamente apelados por la temática que se busca trabajar: profesores y comunidades escolares (sólo se cuenta con una directiva). Y entre los que cuentan con algún perfil académico, no encontramos ninguno que tenga alguna experticia en el estudio del trabajo docente, privilegiando fundamentalmente economistas. Todo lo anterior se nota claramente en las referencias utilizadas a la hora de justificar sus análisis y recomendaciones. Un problema importante de éstas reside en la poca consideración que se hace respecto la investigación educativa contemporánea, basada en datos empíricos producidos a nivel de las mismas escuelas. Por el contrario, las principales referencias son, por una parte, el informe de la OCDE, un organismo internacional claramente posicionado en la demanda de un tipo de orden educativo afín a sus objetivos de fomento del desarrollo económico, y, por otra, una bibliografía limitada, en su mayoría no muy reciente, con títulos que indican un análisis de tipo más bien económico abstracto, que poco consideran el impacto de este tipo de políticas a nivel de escuelas concretas. Esto es relevante considerando lo contrastantes que tienden a ser las conclusiones de la investigación empírica realizada en escuelas acerca de la implementación de medidas similares a las propuestas tanto a nivel nacional como internacional (ver Sisto, 2010).

Si bien esta ilustración centrada en la Política Educativa puede parecer anecdótica, creo que posiblemente se repita en otros campos: la investigación empírica efectuada en las Universidades, espacios académicos tradicionales, y avalada los mecanismos que se suponen garantizar calidad académica (revisión de pares para ganar financiamiento y para publicar), no está siendo utilizada para construir política pública. Por el contrario es otro tipo de investigación, y es otro tipo de actor el gana relevancia en este espacio. Volviendo al case de Beyer, él forjó su prestigio intelectual ligado a su trabajo en el Centro de Estudios Públicos. Recogiendo lo que señala su página web, éste, fundado en 1980, “es una fundación privada, sin fines de lucro, de carácter académico y dedicada a los temas públicos. Su finalidad es el estudio y difusión de los valores, principios e instituciones que sirven de base a una sociedad libre”. Como se puede apreciar, si bien no tiene fines de lucro si expresa un interés en su producción de conocimiento, ligado a estudiar y difundir esto valores, principios e instituciones.

Sin duda es interesante que esta actual fuente válida en la producción de conocimientos en torno a política pública declare de un modo tan explícito su interés y orientación, un para qué de su producción de conocimiento. Esto sin duda da para un interesante debate en torno a los Think Tank. Aquí, para finalizar, deseo contrastar la potencia de estos nuevos expertos, emprendedores políticos, alojados muchos de ellos en Think Tank, con la irrelevancia al menos aparente del trabajo académico en torno a políticas públicas. Se puede discutir este juicio, sin embargo es importante notar como la prevalencia de estos otros actores coincide con la creciente demanda al trabajo académico en torno a una productividad medida en indicadores: cantidad de artículos ISI o SCOPUS, obtención de proyectos FONDECYT y otros, son los nuevos referentes para el trabajo académico. Es en torno a esto que son valoradas nuestras trayectorias, nuestros departamentos y Universidades. No sólo para los rankings, sino que para el financiamiento directo que entrega el Estado en Chile. Estas regulaciones tienen el efecto de orientar el trabajo académico hacia estos objetivos. Así nuestro día debería orientarse a utilizar este increíble campo de transformaciones mal planificadas y orientadas dogmáticamente como un campo fértil para nuestros análisis los cuales levaremos a publicaciones ISI que serán citadas unas 2 o 3 veces (con suerte). Este es el momento: las políticas públicas chilenas están en el debate público y nuestros artículos que las analizan cobran mayor visibilidad, y quizás pueden ser citadas aumentando nuestro índice de impacto.

Esta regulación del trabajo académico, sin duda se ensambla con otros elementos propios de las identidades académicas construidas históricamente que fortalecen la fragmentación e individualización de nuestro trabajo. Es curioso que ante la relevancia que ha tomado la educación superior en el debate en torno a política pública, sus principales trabajadores (los académicos), digan/digamos muy poco, y permanezcan/permanezcamos en la desarticulación, sin levantar una voz legible y sostenida académicamente acerca de lo que puede ser nuestro devenir. Aquí terminan mis palabras, ideas desordenadas, lanzadas como un poco de pintura sobre la tela, con el fin de estimular nuestro pequeño debate.

Vicente Sisto