Estudios de la Economía

El presente post está dedicado a lo que daré en llamar “ilegalidad productiva”, una idea – no se trata de un concepto – con la que pretendo volver a problematizar un fenómeno que ocupa mi atención desde hace ya algún tiempo. Por ilegalidad productiva entiendo a una situación, caracterizada por una contravención de normas sancionadas, que es aprovechada por la instancia que administra las normas. Esta definición supone que existe 1) un diferencial de poder y que 2) el “aprovechamiento” de la situación no está orientado al restablecimiento de la norma sino a la construcción de un orden paralelo. En lo que sigue haré referencia a dos ejemplos que no son más que dos proyectos de investigación en los cuales estuve involucrado.

La prehistoria de esta inquietud es el estudio sobre el mercado de automóviles robados en la provincia de Buenos Aires (Dewey 2012). Luego de un extenso trabajo de campo llegué a la conclusión de que el funcionamiento de dicho mercado depende de una continua compra de protección que los actores implicados – los ladrones – hacen a la policía. Es verdad que la “compra” de protección no es una elección tan libre y que se asemeja mucho a la extorsión pero, aún aceptando que eso fuese así, no cambia el argumento (una interesante discusión sobre la extorsión y la protección se encuentra en Gambetta 2007 y en Volkov 2002) . En el artículo de mi autoría que cité previamente he mostrado que no se trata de policías díscolos sino de instituciones informales afianzadas, con un alto grado de coordinación y orientadas a la extracción de recursos. Lo interesante del caso es que dicha venta de protección policial no está únicamente destinada a enriquecimiento privado sino al mismo mantenimiento de la estructura estatal (Dewey 2012b). Concretamente: cuando se efectúa una denuncia en un destacamento policial es probable que el policía que toma la denuncia utilice tinta y hojas que fueron adquiridas con dinero “extra-presupuestario” o incluso que la misma comisaría sea refaccionada con algún financiamiento similar.

El fenómeno que ocupa mi atención actualmente ya no son los automóviles robados sino algo mucho más legitimado socialmente como las prendas de vestir. Durante los seis meses de trabajo de campo en el mercado conocido como La Salada, en la provincia de Buenos Aires, he tenido una relación estrecha con talleristas, es decir, fabricantes de prendas de vestir, a muchas de la cuales le estampan logos de marcas conocidas. Lo que me ha llamado la atención es que, en varias ocasiones, mis amigos talleristas han comentado la existencia de un impuesto que es aplicado a todos aquellos que fabrican prendas de vestir y le colocan el logotipo de alguna marca conocida. El mencionado impuesto tiene variantes según donde uno se ubique en la feria pero lo cierto es que no es posible la evasión. Además, las condiciones de trabajo que ofrece la feria tampoco dan lugar a que uno tenga ganas de no pagar. Ahora bien, si no fuese por haber entrevistado a los recaudadores debería concluir que se trataba de una cuestión interna de la feria, de algún impuesto destinado a brindar algún tipo contraprestación. Pero bueno, no es el caso, y lo cierto es que vuelvo a observar en funcionamiento al mismo mecanismo: transferencia de recursos a cambio de protección. O dicho de otro modo: una situación de ilegalidad que es aprovechada de manera organizada por una agencia estatal.

Luego de haber contado sucintamente los hechos que originan mi reflexión haré dos precisiones. En primer lugar, los cuatro mercados que componen La Salada, más las ferias montadas en la calle, se encuentran pura y exclusivamente dentro el rubro textil y, más exactamente, en el de la vestimenta. En segundo lugar, en La Salada sólo un porcentaje de la vestimenta a la venta – que no llega a la mitad – infringe la ley de marcas.

Una vez realizadas estas dos aclaraciones en lo que sigue intentaré justificar la conexión entre la mencionada “ilegalidad productiva” y la frase “economía política” contenida en el título del post. Comenzaré afirmando que tras el nombre inocente de “feria” La Salada esconde un rol mucho más preponderante como centro de abastecimiento de indumentaria del que muchos estarían dispuestos a admitir. Para tener una idea del volumen de ventas de la feria sólo hace falta ir a recorrerla e ir a los estacionamientos para ver los volúmenes de prendas que se cargan en los ómnibus de larga distancia (próximamente espero poder hacerlo con números). La feria ha crecido ofreciendo indumentaria a un sector de la población que tiene la siguientes características: desde el 2003 hasta hoy, mayores posibilidades de consumo pero que, aún así, no alcanzan para que el mismo se canalice dentro del circuito de comercialización convencional. Entonces, se trata de un sector de la población con mayores ingresos comparativos pero que está estructuralmente excluido del circuito de comercialización convencional de los shoppings (Malls) y centros de compras. Aquí considero que un gran incentivo para un modelo de producción como el de La Salada está dado por el mismo precio de la indumentaria. La Fundación Protejer ofrece análisis fundamentados que muestran que el 60 % del precio de la vestimenta en Argentina está formado por costos de comercialización (alquileres, tarjetas de crédito, etc.).

Ante este panorama, que sugiere un gran circuito de producción, comercialización y consumo paralelo, podemos volver al impuesto mencionado y a la idea de “ilegalidad productiva”. Ciertamente creo que es muy importante entender el rol del Estado (o de las agencias estatales distribuidas en los tres niveles) para poder explicar la expansión de un modelo de producción y comercialización de vestimenta confeccionada bajo estándares que infringen seriamente leyes laborales y derechos de propiedad. Sólo me interesa decir que hay normas que existen y me interesa saber por qué una buena cantidad de agencias estatales miran hacia otro lado. En definitiva, uno debe llegar a la conclusión que la ilegalidad se convierte en productiva cuando es posible decirle a un actor: “sé que estás cometiendo una ilegalidad pero no te voy a llevar preso sino que me vas a dar algo periódicamente y a cambio yo te voy a dejar vivir… hasta el día que incumplas”. Entonces, esta frase muestra la posibilidad de que se establezcan los marcos normativos necesarios para que transacciones de mercado tengan lugar. Y en la medida en que este mercado está informalmente regulado a través de impuestos y que los mismos no quedan dentro del mercado, uno puede postular la existencia de una economía política de la “réplica”.

Matías Dewey

[Por cierto, quien esté interesado en el mencionado mercado La Salada puede visitar próximamente el siguiente sitio: http://www.lasaladaproject.com]