Cuando empecé a estudiar los temas de la corrupción y la transparencia en el año 2007, me llamó poderosamente la atención que los estudios de este tema en Chile se enfocaran principalmente en explicaciones legales, morales, institucionales y economicistas, dejando de lado los aportes que los marcos de referencia sociológica pudieran aportar. Otra cosa que me llamó poderosamente la atención, fue que la corrupción operacionalmente se expresaba en índices y en encuestas de percepción promovidos por instituciones internacionales tales como Transparencia Internacional, Banco Mundial, el BID, entre otras, existiendo pocas investigaciones que hayan analizado la corrupción desde un ámbito más cualitativo. Esto no deja de ser curioso en la medida en que la corrupción se ha entendido como el aprovechamiento de recursos en beneficio privado, y en donde participan diferentes agentes involucrados en una serie de relaciones. Específicamente, estos agentes tratan de aprovecharse de las instituciones, a través de la adquisición privada de beneficios, bienes y servicios. Bajo este sentido y tal como lo han expresado autores como Mujica (“Relaciones corruptas: poder, autoridad y corrupción en gobiernos locales”) la corrupción debe ser considerada como un fenómeno social, que tiene un sentido propio, esto es, que la corrupción posibilita un espacio para las relaciones con sentidos y lógicas propias que permite la generación de alianzas y estrategias que sirven para la obtención de beneficios materiales o simbólicos. En otras palabras, cuando queremos analizar la corrupción desde la Sociología, debemos preguntarnos por los vínculos, estrategias, formas de intercambios, recursos, bienes intercambiados y formas de institucionalización que entran en juego en este fenómeno social. Teorías como las que plantean autores como Luhmann, en su artículo sobre la Exclusión e Inclusión, Larisa Adler en su trabajo sobre lo Informal y Formal o las investigaciones del propio Mujica nos ayudan a “sociologizar” este tema , a entenderlo como un hecho social.
Ahora bien, con el transcurso del tiempo y la experiencia de guiar un proyecto FONDEF en la actualidad sobre corrupción en Gobiernos Regionales, me parece muy evidente que los esfuerzos teóricos que se han realizado desde la sociología económica, ayudan a entender dicho fenómeno de una manera amplia y multidimensional, disminuyendo la carga moral que conlleva estudiar este tipo de fenómenos. La corrupción es un hecho social que involucra relaciones, intercambios, prácticas de institucionalización, todos elementos que tensionan los procesos formales que establecen las instituciones y lo que parece más característico de los casos de corrupción en los gobiernos regionales y locales, es un problema de exclusión e inclusión que favorece la calidad de vida de algunos y perjudica la calidad de vida de otros. La corrupción reduce complejidad y riesgos para algunos, mientras que para otros lo aumenta. Pensemos, por ejemplo, en subsidios habitacionales entregados a quien no le corresponde ese beneficio, o la adulteración de la ficha de protección social para favorecer a ciertos vecinos en desmedro de otros. La vida material y el desempeño económico de aquellas persona se ve evidentemente afectado.
Es aquí donde quisiera detenerme y señalar el por qué la sociología económica puede aportar a comprender de mejor manera la corrupción como un fenómeno social. Un elemento importante del análisis es el intercambio, efectivamente, en la corrupción existen distintas prácticas de intercambio, prácticas que están imbricadas en la vida cotidiana, que se rige por ciertas pautas y que involucran diversos intereses y actores. Son los trabajos de Bourdieu y su concepto de ‘economía de las prácticas’, o el de Polanyi en donde establece la distinción entre economía material y formal, o los de Granovetter o Godelier en donde se hace hincapié en la importancia de la estructura para explicar el carácter de la acción económica y social, los que nos pueden entregar conceptos y modelos de análisis que efectivamente puedan dar cuenta de los modos en que estas prácticas sociales y económicas se materializan. Por ejemplo, frente a interrogantes tales como las siguientes: ¿Existe solo intereses económicos o de aprovechamiento personal en los actos de corrupción o es posible encontrar otro tipo de motivos? ¿Qué tipo de motivación está detrás cuando un acto de corrupción acelera procesos que benefician a la comunidad y no solamente el beneficio propio?, Si hablamos de prácticas de intercambio de bienes materiales o simbólicos, ¿Qué carácter tienen dichos intercambios?, ¿Quiénes pueden participar de ellos?, ¿Podemos demostrar la existencia un mercado de la corrupción? y si existiera ¿Qué características tendría ese mercado?, ¿Qué papel juega la información, la confianza, etc?. Los trabajos y los autores mencionados entregan interesantes variables de análisis para tratar de responder a estas preguntas.
Otro elemento importante para analizar es el tipo de agente que participa en el acto de corrupción. La economía definió a los sujetos como el homo economicus, enfatizando la importancia de la racionalidad económica en la toma de sus decisiones, la sociología económica respondió incorporando el homo sociologicus, frente a esta dicotomía conceptual cabría preguntarse qué tipo de homo se incorporará en el estudio de la corrupción. Específicamente plantearse, ¿Cuánto de racionalidad económica existe en las decisiones de estos agentes? ¿Cuánto de racionalidad comunicativa?, ¿Estamos frente a un agente razonable? ¿ Qué tipo de cooperación realizan estos agentes, qué tipo de acción colectiva desarrollan? ¿A qué incentivos selectivos responden? Aparecen como preguntas que desde la perspectiva de M. Olson, de L. Paramio o M. Fernandez se pueden responder.
Pero no solo la sociología económica puede aportar con ciertos elementos de análisis, sino también, puede debatir con los estudios de la corrupción que han vinculado los efectos de ésta con la economía. Por ejemplo, no es menor el número de investigaciones y trabajos que han planteado que la corrupción afecta el desarrollo económico, en la medida en qué ésta afecta el desempeño de las instituciones tanto públicas como privadas. Trabajos como lo de North, Ayala, Portes, justamente, enfatizan la importancia del rol de las instituciones en el desempeño económico, en cuanto éstas posibilitan las asimetría de información y reducen los costos de transacción. Pensemos que justamente la corrupción puede provocar que la información sea monopolizada y que aumenten los costos de transacción. Una de las causas de la crisis financiera que nos afectó, fue generado por este tipo de comportamiento. Por otra parte, hoy se ha ampliado el concepto de corrupción al mundo privado, no sólo el Estado sufre corrupción, también las empresas, lo cual repercute en los consumidores, inversionistas, propietarios y en la situación económica del país. Consideremos, por ejemplo, la colusión de las farmacias, el ‘Caso cascadas’ o el uso de información privilegiada en la compra de acciones, estos hechos no sólo se deben entender desde la conducta individual de los actores involucrados, sino que también es preciso comprender aquello desde la configuración del mercado en Chile, desde la concentración de la propiedad, la configuración de los directorios, entre otros, aspectos que los estudios de la transformaciones de la empresa y de la economía en el último tiempo si han considerado y que se han realizado dentro del marco de la sociología económica en Chile. Sin duda el tema está abierto y la sociología económica puede proveer a estos estudios nuevas claves de análisis.