[Matías Dewey envía este texto que preparó junto a Jens Beckert. El texto sirve como una introducción de los temas que desarrollan en el reciente libro que ellos editaron The Architecture of Illegal Markets. Towards an Economic Sociology of Illegality in the Economy (Oxford University Press, 2017)]
De legal a ilegal y viceversa: cuando la moral y la ley colisionan
Por Jens Beckert y Matías Dewey
A principios de noviembre de 2017, los medios de comunicación recibieron a los Paradise Papers como una gran primicia: 13,4 millones de documentos filtrados revelaron los detalles financieros de marcas líderes, políticos, estrellas del deporte y músicos famosos. Pero esto no fue una nueva edición de los Panama Papers, el escándalo del año previo donde aparecieron nombres conocidos relacionados con actos de “corrupción”, “evasión de impuestos” y “lavado de dinero”; los Paradise Papers no revelaron un solo delito.
Entonces, ¿por qué se consideró una noticia?
Las opiniones del público general sobre lo que es “correcto” e “incorrecto” están en ésta y muchas otras ocasiones en contradicción con las definiciones oficiales acerca de qué es “legal” o “ilegal”. Mientras que estas dos últimas opciones expresan el interés de un Estado en sancionar ciertos intercambios o comportamientos (“definir legalmente” como expresión de poder e intento de fabricar un tipo específico de orden social), los primeros son creencias sociales sobre la legitimidad de ciertos actos, que pueden o no coincidir con las definiciones legales. Bono de U2 comprando una participación en un centro comercial lituano, o Lewis Hamilton registrando su jet privado a la Isla de Man pueden ser comportamientos perfectamente legales, pero el público en general no los acepta como moralmente legítimos. Estas son personas extraordinariamente ricas que, con la ayuda de asesores fiscales, eluden su deber público de contribuir a un fondo común del mismo modo que aquellos que ganan menos. Cuando un fondo privado representando a la Reina de Inglaterra invierte en fondos de capital privado offshore, operando en paraísos fiscales infames como las Islas Caimán y las Bermudas, quedan pocas dudas que está maximizando sus ganancias financieras mediante el uso de un servicio exclusivo y a expensas de la mayoría de sus propios súbditos.
Este tipo de discrepancias entre las prácticas de los ricos y la repulsión moral que sienten los ciudadanos comunes son algo habitual. Una determinada práctica parece ser ilegítima, pero es legal. El fenómeno opuesto también se puede observar. Una práctica puede considerarse moralmente legítima, pero de hecho está prohibida. El consumo de cannabis es ilegal en la mayoría de los países, donde partes significativas de la sociedad lo consideran completamente legítimo. Dado que la legitimidad se refiere a las creencias morales que no necesariamente se distribuyen manera uniforme en la sociedad, las actitudes sociales hacia los productos y servicios ilegales a menudo varían considerablemente entre los grupos sociales y en diferentes momentos. Tomemos la historia de la cocaína: pasó de ser considerada un avance médico a un flagelo social en el transcurso de cien años. Fue descubierta en Alemania a fines del siglo XIX y utilizada legalmente como anestésico durante varias décadas; más tarde, a mediados del siglo XX, fue prohibida como resultado de preocupaciones religiosas y morales, especialmente en los EE.UU. Actualmente, por ejemplo, la ley del Reino Unido cataloga a la cocaína como una droga de clase A, es decir, que su posesión puede dar lugar a siete años de prisión; el suministro y la producción se castigan con cadena perpetua.
Los cambios de la ley de acuerdo a transformaciones en la moralidad pública funcionan en ambas direcciones. Mientras la cocaína pasó de ser legal y aceptada a ilegal y moralmente inaceptable, la homosexualidad, por ejemplo, siguió la trayectoria opuesta. Castigado con la pena de muerte hasta el siglo XIX, el comportamiento homosexual se ha despenalizado gradualmente en el Reino Unido para reflejar las actitudes sociales predominantes, una transformación que culminó con la legalización del matrimonio homosexual en 2014. Pero el hecho de legalizar algo—sea un producto, servicio o comportamiento—debido a un cambio en las actitudes sociales no es nada sencillo.
Para dar un ejemplo de las complejidades del caso podría tomarse el caso de La Salada en Argentina, el mayor mercado latinoamericano de ropa falsificada y fabricada en talleres oficialmente clasificados como clandestinos. La sociedad argentina tiene actitudes bastante ambivalentes hacia el mercado, pero en general lo tolera porque proporciona indumentaria para familias de ingresos medios a bajos que de otro modo no podrían acceder a esos productos. Los políticos lo toleran, en parte por la misma razón, y, por otra, porque tolerarlo genera apoyo político y empleo. Entonces, ¿por qué no legalizarlo? Legalizar La Salada implicaría degradar regulaciones sobre prácticas laborales seguras (la ropa se produce en talleres clandestinos que violan numerosas leyes laborales), abolir la ley de marcas (la ropa está se confecciona ilegalmente con logotipos como Nike, Adidas y Disney) y hacer cumplir regulaciones impositivas. Los efectos de estas acciones no son difíciles de imaginar: aumentarían los precios de la indumentaria, anulando los efectos positivos del mercado y la razón por la cual es socialmente aceptado. Además de eso, abolir la ley de marcas y otras regulaciones vinculadas a la propiedad intelectual es simplemente imposible.
Volviendo al caso de los Paradise Papers y de los paraísos fiscales offshore, hacerle caso a la moralidad pública significaría transformar esas jurisdicciones en ilegales, como en el caso de la cocaína. Sin embargo, como en el caso de La Salada, cambiar la ley en torno a los paraísos fiscales presenta un desafío enorme que ningún Estado estaría dispuesto a asumir solo. Las actividades financieras offshore son el resultado de reducciones fiscales ofrecidas por otros Estados para atraer negocios a sus jurisdicciones. Es decir, si no existe un acuerdo sobre regímenes fiscales que involucre a muchos países, evitar la influencia de estas jurisdicciones será imposible. Mientras sigan existiendo lugares que ofrezcan contundentes reducciones fiscales, podemos esperar que cualquier persona aproveche su derecho legal para hacerlo. Mientras tanto, el tribunal de la opinión pública continuará decidiendo lo que está “bien” y lo que está “mal”.
Los autores
Jens Beckert es director del Max Planck Institute for the Study of Societies in Cologne, en Alemania. Recientemente ha publicado el libro co-editado The Architecture of Illegal Markets: Towards an Economic Sociology of Illegality in the Economy.
Matías Dewey es investigador senior en el Max Planck Institute for the Study of Societies, en Alemania. Junto a Jens Beckert acaba de co-editar el libro The Architecture of Illegal Markets: Towards an Economic Sociology of Illegality in the Economy.
Estudios de la Economía 