Estudios de la Economía

¿Qué es lo que el Estado busca reparar al establecer el pago de reparaciones monetarias a las víctimas del Terrorismo de Estado? ¿Y qué hacen esas víctimas –ex-presos políticos, ex-detenidos-desaparecidos o familiares de desaparecidos, hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio- con el dinero que reciben de las reparaciones dispuestas por el Estado? Estas preguntas, formuladas de manera rápida y algo torpe, fueron el puntapié inicial, hace ya mucho tiempo, de una investigación que, como tal, acaba de comenzar.

Tres leyes diferentes, sancionadas entre 1991 y 2004 (las dos primeras durante el primer gobierno de Menem, la última durante el de Kirchner) crearon sucesivas indemnizaciones para las víctimas del Terrorismo de Estado en la Argentina. En todos los casos se disponía el pago de una suma de dinero, por una única vez, a quienes solicitaran el beneficio –probando su condición de ex-presos o ex-desaparecidos, o derechohabientes de éstos- ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. De este modo, el pago no era automático: sólo cobraba la reparación quien la solicitaba. La sanción de las primeras leyes se hizo en un contexto de casi total inacción, en el terreno judicial, respecto de las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983: dos leyes sancionadas en los años ’80 habían terminado con la mayoría de los procesos judiciales iniciados con el restablecimiento de la democracia, y los indultos presidenciales de 1990 habían dejado en libertad a la cúpula militar que había sido condenada en 1985. De este modo, el establecimiento de las reparaciones estaba desvinculado de la realización de procesos judiciales, y de la condena que de ellos pudiera resultar (a diferencia de lo que sucede en la mayoría de las situaciones que dan lugar a indemnizaciones monetarias a las víctimas de un daño, o a sus familiares).

Por esta razón, y por otras que aún restan explorar, la creación de las reparaciones motivó intensas discusiones en el interior de los organismos de derechos humanos, acerca de la pertinencia de las indemnizaciones monetarias y de las razones para aceptarlas o no. Rápidamente se consolidaron dos posiciones enfrentadas: para algunos, cobrar significaba “prostituirse”, “vender la sangre de los caídos”; para otros, cobrar no implicaba “silenciar el pedido de juicio y castigo”, no significaba “olvidar ni perdonar”.  El debate, cuyos ecos públicos fueron sorprendentemente breves, repetía las controversias que ya se habían presentado en otros casos de reparaciones por violaciones masivas a los derechos humanos (como el de las reparaciones de Alemania a las víctimas del Holocausto, establecidas en los años ’50): el dinero de esas indemnizaciones estaba manchado con sangre, era impuro y por lo tanto inaceptable. O bien, exigía ser purificado.

Tal exigencia nos lleva desde la arena pública a la vida doméstica. Ese tránsito, o más bien la construcción del puente entre ambas, habilita nuevas preguntas: ¿qué sentidos asignan a las reparaciones quienes las reciben?, ¿de qué manera son puestos en juego esos sentidos en los destinos que se da al dinero de las reparaciones?, ¿qué conflictos y negociaciones preceden la definición de esos destinos? Y también, ¿cómo dialogan, qué tensiones se establecen entre esos sentidos y aquellos implícitos en la formulación estatal de las reparaciones?

La investigación que inicio actualmente se inscribe en la tradición de los trabajos de Viviana Zelizer, que subrayan la centralidad que tienen las diferentes formas de uso, clasificación y representación social del dinero para ordenar y dar sentido a las relaciones sociales –aún las más personales o íntimas- (Zelizer, 1994 y 2005). Siguiendo esta línea, considero que tan relevante como las justificaciones construidas para aceptar el dinero de las reparaciones es la utilización que se hace de él y que, más aún, la segunda prolonga y completa –a través de la asignación de un sentido particular a ese monto- a las primeras. Las hipótesis que guían mi trabajo sostienen, por un lado, que el dinero de las indemnizaciones (a través de los usos a los que es destinado) es un medio a través del cual los deudos continúan –y no clausuran- el trabajo de reclamo y de memoria iniciado décadas atrás; por otro, que los discursos en conflicto acerca de estas reparaciones dicen algo importante acera de qué puede hacer la sociedad y el Estado (y qué no), respecto de las violaciones masivas a los derechos humanos, así como también sobre qué deben y pueden hacer (o no) los allegados de los desaparecidos para evocarlos.

Mariana Luzzi